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Silvestre Cortés Guzmán
4 jul 202322 Min. de lectura

Instituto Nacional Electoral, funciones y contribución a la democracia

¿Quién ignora que el disgusto del estado presente, el amor a las sublevaciones, la cólera mal reprimida, la pobreza puesta en menosprecio, inspira con frecuencia crímenes a los hombres y, apoderándose de su espíritu, les agitan y torturan? Prevenir todos estos males, construir el gobierno de modo que no quede plaza al fraude, establecer, en fin, un tal orden de cosas, que todos los ciudadanos, sea cualquiera su carácter, sacrifiquen sus intereses al bien público. Esta es la obra, ésta es la verdadera misión del poder. Baruch Spinoza.



Tratar de vincular al órgano electoral federal y sus funciones con la democracia en México, implica entre otros, partir del supuesto de que tanto su creación (1990) como su devenir (2014) y estado actual son producto de sendas coyunturas[1] histórico concretas, caracterizadas por una conflictividad creciente que ha venido reclamando operaciones reformadoras por parte de los actores políticos y por la ciudadanía en general.

[1] Si bien es cierto que la idea de coyuntura se asocia con el momento actual, también es cierto que, en la dimensión teórica desarrollada por Marx, la coyuntura no es otra cosa más que el haz de contradicciones que confluyen en un punto determinado, dónde dichas contradicciones se derivan directamente del correlato de fuerzas que se hayan inmiscuidas en la lucha por el poder político.


Uno de los hechos sobresalientes del final del siglo XX fue, sin duda, la preeminencia de la democracia sobre el autoritarismo. La derrota de los totalitarismos, las transiciones a la democracia en el sur de Europa, en América Latina y en el Sudeste Asiático a lo largo de los años setenta y los ochenta, y el derrumbe de los regímenes totalitarios de Europa del este, apuntalaron el despliegue de las grandes democracias e impulsaron la emergencia de nuevas, transformando de manera radical el mapa geopolítico mundial.


Particular incidencia ha tenido en este proceso, la globalización de los medios de comunicación, sobre todo porque ha significado un profundo cambio en los valores y las percepciones de las sociedades contemporáneas a favor de los derechos y las libertades fundamentales del ciudadano, sustento y fin del constitucionalismo democrático.


Empero, el éxito aparente de las olas democratizadoras no implica, que los retos actuales y los desafíos futuros de las democracias en particular hayan sido resueltos, de hecho no se han logrado siquiera abatir las discrepancias en torno a cómo definir el vocablo democracia, ya que se trata de un término polisémico, elusivo, y recurrente, preñado de valoraciones y de una contradicción o dualidad intrínseca.


La historia de la democracia liberal es una historia de desencuentros y rivalidades. La hostilidad entre sus impulsos es irremediable. La democracia constitucional es, fatalmente, tensión entre la apuesta popular y la desconfianza de lo político. Una fe en la voluntad popular, por una parte y una confianza en las reglas, por la otra. El debate por supuesto, no es reciente, hemos sabido, desde el primer momento que la simetría es imposible.


Es el sueño de Juan Jacobo Rousseau que se convierte en una pesadilla: un pueblo soberano que debe liberarse de los egoísmos y arrasar con el estorbo de los derechos individuales. Es también la soberbia de los elitistas que convierten la democracia en una farsa. Gobierno representativo, si solo si, los representantes son intérpretes que pulen la tosquedad de la voluntad popular. En la democracia liberal han de reconciliarse impulso y freno, el poder y su límite. (Silva Herzog: 2018)


Juan Jacobo Rousseau



Esta democracia no es entonces, la realidad parcial de un ideal, ni un precepto deontológico,[2] ni un nivel intermedio de realizaciones futuras que puedan ser planeadas. Esta democracia es mucho más de lo que pudiera estar representado en modelos ideales de la tradición.


[2] De acuerdo con su significado original, democracia quiere decir gobierno del pueblo por el pueblo. El término democracia y sus derivados provienen, de las palabras griegas demos (pueblo) y cratos (poder o gobierno). La democracia es, por lo tanto, una forma de gobierno, un modo de organizar el poder político en el que lo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno –lo que hay que gobernar- sino también el sujeto que gobierna.


No es sólo una forma de gobierno y no expresa más la paradoja del dominio del pueblo sobre el pueblo, por ende ya no se trata de preguntarse cuál es la forma ideal de democracia, sino cual, es el potencial de que es capaz estructuralmente la sociedad contemporánea, que hay de democrático en esta sociedad y cuáles son los riesgos de dicha democracia. (Di Giorggi, 1996:20)


Para el caso mexicano en particular, se habla de sendos procesos de consolidación democrática habida cuenta de diversas experiencias transicionales basadas en aproximaciones descriptivas y normativas de una “democracia representativa” empero más allá del ideal o de la aspiración modelística con que se ha catalogado a la democracia mexicana, no podemos omitir al menos las siguientes observaciones: El modelo de democracia representativa no responde a las condiciones histórico sociales de las sociedades latinoamericanas, toda vez que fueron diseñados para sociedades con alto nivel de desarrollo económico; más que una democracia es factible hablar de una poliarquía; no son democracias consolidadas; son gobiernos que no han sido capaces de salir de las crisis sociales y económicas heredadas de los gobiernos autoritarios.



Al respecto Robert Dahl señala que el núcleo normativo de la democracia se encuentra en el principio de igualdad política, amenazado siempre por las interferencias del poder económico y las dificultades de instrumentalizar un sistema institucional y un conjunto de prácticas con capacidad de realizarlo. De ahí que prefiriera definir la democracia real como poliarquía, el “poder de los muchos”, que no equivale necesariamente al poder del pueblo. (Dahl, Robert: 2009)


En virtud de las características antes enunciadas autores como Guillermo O´Donell, Giovani Sartori y Lawrence Witehead, entre otros, consideran que lo que prevalece en América Latina es una suerte de democracia delegativa, más que representativa, todo ello en virtud de que dichas democracias no han sido capaces de solucionar los problemas de naturaleza económica y social, no se ha logrado la consolidación democrática y por ende un fortalecimiento institucional, más aún se vive un proceso de deterioro institucional más o menos constante. Es precisamente en ese marco de incertidumbre institucional que se mueve la historia del otrora Instituto Federal Electoral hoy Instituto Nacional Electoral.


El IFE nace en el marco de la coyuntura política derivada de la elección de 1988, para aquella época, el sistema político mexicano reunía cabalmente la caracterización de un sistema autoritario, al que a decir de algunos estudiosos del tema, le faltaban dos piezas para trasmutar en un sistema democrático, a saber: un sistema plural de partidos y sobre todo un sistema electoral capaz de ofrecer garantías de imparcialidad y equidad a los contendientes y a los ciudadanos. Estas dos piezas fueron edificadas entre 1977 y 1996-1977, con las reformas llevadas a cabo en esos años.



México vivió en 1976 una elección presidencial sui generis, es decir, sin competencia alguna, el PAN no postuló candidato, en tanto que, el PPS y PARM se sumaron a la candidatura del PRI, el único adversario del PRI fue Valentín Campa, quien compitió por el PCM empero sin registro. Las condiciones de la competencia eran totalmente inequitativas e inclinadas a una sola fuerza, el PRI, la organización de los comicios estaba a cargo de la Comisión Federal Electoral (CFE) encabezada por el secretario de gobernación, la cámara de diputados se erigía en Colegio Electoral para calificar la elección de presidente, no existía financiamiento público a los partidos, empero era evidente que los recursos públicos fluían, sin control al partido en el poder.


En muy diferentes ámbitos se produjeron conflictos políticos y sociales, tal fue el caso de los movimientos de electricistas, ferrocarrilero y minero metalúrgico. Trabajadores que hasta entonces se mantenían fuera del horizonte sindical se organizan en agrupaciones laborales y entran en conflicto con sus respectivos patrones[3], en diferentes asentamientos y colonias populares las personas se organizan y exigen la regularización de sus terrenos, así como la cobertura de servicios básicos.


[3] Tal fue el caso empleados bancarios, universitarios, técnicos y profesionistas de PEMEX.


Manifestación del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana por la Tendencia Democrática



Aparecen las guerrillas rural y urbana, la primera es una derivación de los movimientos sociales encabezados por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, en tanto que la segunda tuvo su origen en los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, dichos movimientos, primero buscaron expresarse por la vía pacífica y legal, pero ante la represión y hostigamiento, llegaron a la conclusión de que no había otra opción más que la de las armas.


Estudiantes marchan frente al Monumento a la Revolución



La diversidad de México era evidente, por ende, se hizo imposible querer cubrirla bajo el manto de una sola organización partidista, aunque se tratara de aquella organización que en su momento se arrogó para sí la ideología emanada de la revolución, así como los colores de la bandera. En suma, los procesos combinados de industrialización, educación, y urbanización ponen en acción a nuevos actores sociales que empiezan a desplegar sus propios intereses, sus propias iniciativas trascendiéndola estructura piramidal autoritaria encabezada por el presidente de la República.


En el mismo orden de ideas, y a la sazón de la diversidad antes enunciada, se produce la Reforma Electoral de 1977 cuyo resultado inmediato fue le Ley Federal de Organizaciones Políticas Procesos Electorales (LFOPPE), Con esta ley, se modificó el sistema de representación en la cámara de diputados, pasando así de 300 diputados de mayoría simple a 400 bajo el mismo principio y 100 de representación proporcional. Se estableció el registro condicionado lo cual posibilitó el ingreso de nuevos partidos políticos y se estableció que al menos el 25% de los escaños serían ocupados por partidos opositores.


La reforma fue vista por el grupo gobernante como una operación preventiva, capaz de ofrecer un cauce al descontento y un lugar a las minorías, con dicha operación, los partidos, Comunista Mexicano, Socialista de los trabajadores y Demócrata Mexicano irrumpieron en el escenario electoral. Los resultados de las votaciones fueron: PRI 69.71%, PAN 10.79. PCM5.0%. La composición de la cámara de diputados quedó de la siguiente manera: PRI 296 curules, PAN 43, PCM 18, PARM 12, PPS ¡!, PDM10 y PST 10.




Los datos muestran la persistencia de un partido hegemónico y una marcada falta de competitividad. Existía una pluralidad empero, con un partido que por sí mismo podía tomar prácticamente todas las decisiones en la cámara. En algunos municipios se empezaron a producir auténticas luchas por los ayuntamientos e incluso algunos fenómenos de alternancia. En 1977 de cerca de 2500 municipios solos cuatro eran gobernados por partidos de oposición.


Con el andamiaje electoral contemplado en la ley LFOPPE se llevaron a cabo los comicios de 1982 con las siguientes particularidades: Toda la infraestructura electoral se armaba desde la Secretarias de Gobernación, los recursos destinados a las campañas electorales eran abismalmente desiguales, los mass media atendían casi exclusivamente los actos y proclamas del partido en el gobierno, el terreno y el escenario de juego no solo era inequitativo sino completamente favorable para uno de los contendientes.


Miguel de la Madrid obtuvo el 68.5 de los votos, más el 2.55 aportados por los partidos satélite; el PPS y PARM. En cuanto a la cámara de diputados, el PRI obtuvo 299 distritos de los 300 y en el Senado alcanzo 64 de 64. Luego del reparto de los plurinominales los escaños alcanzados por partido fueron: PRI 299, PAN 51, PSUM 17, PDM12, PST 11 y PPS10. Los resultados de la elección demostraron que la fragmentación de la izquierda era un obstáculo para su crecimiento y eventual consolidación.


Miguel de la Madrid



Para 1985, las elecciones refrendaron que la oferta política se había ampliado pero la hegemonía la seguía teniendo un solo partido político. Sin embargo, tras los sismos del 19 de septiembre y ante la incapacidad del gobierno para hacer frente al after match del movimiento telúrico, la ciudadanía entró en acción en lo que se conoce en la historia nacional como la emergencia de la Sociedad Civil. Esa reacción masiva, espontánea y solidaria, sin responder a cánones institucionales preestablecidos, pareció despertar un cierto espíritu participativo, ergo, la catástrofe produjo una nueva oleada organizativa.


En 1987 militantes destacados del PRI encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, plantearon la necesidad de reorientar la política económica del país y de abrir nuevos cauces a la participación de los militantes para elegir al candidato a la Presidencia de la República. La corriente democrática del PRI se presentaba, así como una alternativa a la línea tradicional del tricolor, reivindicando el carácter popular y nacional de esa organización política, al no tener eco Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo abandonaron las huestes del PRI, y sentaron las bases para la conformación del Frente Democrático Nacional que a la postre postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la Presidencia.


Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo


Es en ese marco poselectoral que tuvo como interludio la “caída del sistema” y el eventual ascenso al poder por parte de Carlos Salinas de Gortari que se produce la nueva acción reformadora de la cual emanó el nuevo entramado institucional que incluyó al IFE y el TEPF, sin embargo, vale la pena señalar que no solo se trató de otra reforma más, sino de una en que se colocaron las bases organizacionales para que las elecciones en México pudiesen ser más confiables. El IFE se diseñó como un órgano del estado encargado de organizar las elecciones federales, sería autónomo, tendría una estructura descentralizada y contaría con servicio civil de carrera.



Para efectos operativos, estaría conformado por un Consejo General presidido por el Secretario de Gobernación, cuatro representantes del poder legislativo, dos diputados, uno de mayoría simple y otro de primera minoría; dos senadores, uno de mayoría simple y otro de primera minoría, representantes de los partidos de manera proporcional al % de votos obtenidos en la elección anterior, así como la integración de consejeros magistrados, que serían nombrados por la mayoría calificada de la cámara de diputados a propuesta del presidente de la República; se trató de una figura que nominalmente no tendría filiación partidista, cosa que no necesariamente ocurrió.


En paralelo se conformó un órgano colegiado del IFE el cual se convirtió en la cúspide de la pirámide ejecutiva del propio instituto: la Junta General Ejecutiva, integrada por el director y secretario ejecutivos y los directores ejecutivos de las áreas de Registro Federal de Electores, Organización Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerrogativas y Partidos Políticos, Servicio Profesional Electoral y Administración. En cada entidad federativa y en cada distrito electoral se reprodujo a escala, dicha estructura.


Por lo que toca al nuevo tribunal, éste sustituía al TCE, tendría una sala superior y salas regionales, resolvería en una sola instancia y sus sesiones tendrían que ser públicas. Contaría con magistrados, empero, también con jueces instructores. Para ser magistrado se estipulaban los mismos requisitos que para ser integrante de la corte suprema de la nación. En materia contencioso electoral la máxima autoridad seguirían siendo los Colegios Electorales, que se encargaban de la calificación de las elecciones.



Con esta nueva estructura se llevaron a cabo las elecciones federales de 1991, pudiese considerarse un dato menor, empero se registró un incremento en la participación del 15% en comparación con las elecciones de 1988 y no obstante los conflictos post electorales en Guanajuato y San Luis Potosí se podría decir que el IFE salió bien librado de su primer reto y tuvo un impacto inmediato en la percepción de la ciudadanía, a la cual por curiosidad o convencimiento empezó a poner a prueba la nueva organización.


Hacia 1993 se genera un nuevo paquete de reformas, entre otras cosas se puso en el tapete de la discusión el tema del dinero en la política y la composición de las cámaras. Por lo que toca al IFE, se hicieron modificaciones respecto a sus órganos desconcentrados, se aumentó a nueve el número de consejeros ciudadanos que integrarían los consejos locales y distritales. El congreso también le otorgó al Consejo General la facultad de nombrar al secretario general y a los directores ejecutivos por voto de las dos terceras partes de sus miembros y a propuesta del consejero presidente, con antelación, el nombramiento era facultad exclusiva del presidente del Consejo. [4]


[4] Página Oficial del INE Historia, Consultado 18/ 02/ 23.


Con la reforma de 1994 se agregó a la naturaleza del IFE la característica de independiente, se sustituyó a los consejeros magistrados por consejeros ciudadanos los cuales, ya no serían propuestos por el presidente de la República sino por las bancadas de los partidos en la cámara de diputados para lo cual se requerirían dos terceras partes para la designación. El nuevo Consejo General estaría integrado por cinco representantes de los poderes federales (secretario de gobernación, dos senadores y dos diputados), un representante por cada uno de los partidos políticos y los seis consejeros ciudadanos. Con la particularidad de que solo los representantes de los poderes y los consejeros ciudadanos tendrían voz y voto.



En ese mismo año se llevó a cabo el primer debate en la historia de México entre los candidatos a la presidencia de la República en el participaron Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Cevallos, y Cuauhtémoc Cárdenas, eventos que en su conjunto perfilan la idea de que con la creación del IFE y su evolución se empezó a ciudadanizar al órgano encargado de las elecciones y paulatinamente se dio un avance en cuanto a los principios de legitimidad y transparencia.



En esa constante de reformismo electoral, en 1996 el Congreso de la Unión modificó el artículo 41 constitucional y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales otorgando mayor autonomía e independencia al IFE al desligarlo por completo del poder ejecutivo y preservar el voto de los consejeros al interior de los órganos de dirección. Cada partido político y cada fracción parlamentaria en el congreso contarían con un representante con voz pero sin voto, de manera que pudieran seguir todo el trabajo de la autoridad electoral. A partir de ese momento, la autoridad electoral contó con mejores instrumentos para fiscalizar, revisar y regular los gastos en las campañas electorales[5].

[5] Ibídem.


Con base en esta reforma se llevaron a cabo las elecciones de 1997, en ella no solo se contaron bien los votos, sino que resultó a la vista de los contendientes una competencia más equilibrada. Para ofrecer una mayor certeza el IFE además del conteo rápido puso en marcha el PREP, instrumentos que ofrecen información pertinente entre el cierre de casillas y el cómputo oficial que se inicia el miércoles posterior al día de la elección. Por primera vez en la historia de este país ningún partido político obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y asistimos a la emergencia de fenómenos también novedosos en la escena política nacional, como es el caso de la aparición de los gobiernos divididos y los gobiernos compartidos.



Al iniciarse el año 2000 el PAN asumió el poder mediante una alternancia pacífica, resultado de la mecánica de elecciones competidas y partidos fortalecidos resultando con ello la modificación sustantiva de la representación política. En ese entonces el PAN gobernaba siete estados de la República, el PRI veintiuno, y el PRD cuatro. En cuanto a las capitales de los estados, 14 eran gobernadas por el PRI, 12 por el PAN y 6 por el PRD. La elección del 2000 se significó como un parte aguas en la vida nacional, resultado del conjunto de estructuras creadas durante los últimos años, el país logró contar con un sistema de partidos crecientemente competitivo y en la figura del IFE encontró un órgano electoral imparcial y equilibrado, capaz de impulsar el voto ciudadano y asimilar cualquier votación.



Por primera vez en la historia reciente del país ningún partido político tendría mayoría absoluta en la cámara de senadores, algo similar a lo que había ocurrido en la cámara de diputados en 1977, la nueva composición del senado fue la siguiente: PRI 60, PAN46, PRD 15, PVEM 5, PT1 y CD 1. En tanto que la cámara de diputados quedó de la siguiente manera: PRI 211, PAN 206, PRD 50, PVEM 17, PT 7, CD 4, PSN3 y PAS 2.


Para 2003 Vicente Fox pretendió ganar la mayoría en la cámara de diputados empero experimentó una sonada derrota, solo consiguió 150 curules en tanto el PRI alcanzó 224; mientras el presidente mantenía una aceptación amplia de la ciudadanía fue incapaz de transferir dicha popularidad a los candidatos a diputados. Fox, cometió muchos errores, aunque nunca perdió la simpatía de la gente, al menos la que se infiere de las encuestas, una de las fallas más sonadas, fue el acuerdo que tuvo con los poderes fácticos, empezando por el que signó con el duopolio de la televisión privada, en suma, el mayor error de Vicente Fox, fue no haber abandonado nunca la lógica dominante del presidencialismo priista y no saber pactar la distribución del poder.


De 2003, hasta su muerte (2014), el IFE vivió sucesivos conflictos que condujeron al deterioro de su imagen social; los consejeros electos en octubre de 2003 fueron producto de un acuerdo bilateral PAN-PRI, por la necedad y abstención del PRD. En 2006 se produjo la tormenta perfecta; sus consecuencias nunca terminaron por superarse. El gobierno de Felipe Calderón nació políticamente impugnado, principalmente porque el margen con el que ganó las elecciones fue de medio punto porcentual (36.69% de Felipe Calderón Hinojosa contra 36.11de AMLO) Andrés Manuel López Obrador alego fraude electoral con lo cual la legitimidad de Felipe Calderón con lo cual tuvo en su gobierno un margen de maniobra muy reducido.



Si bien el IFE cometió algunos errores en rubros muy sensibles de la comunicación nadie ha podido demostrar un fraude maquinado en el cómputo de los sufragios y ello por la forma en la que se cuentan los votos. Lo lamentable del conflicto postelectoral fue la erosión del patrimonio institucional que se había formado entorno al IFE cuya construcción tardó décadas y que tuvo como objetivo coadyuvar al derrumbe del entramado institucional autoritario típico del antiguo régimen y construcción de otro que ofreciera un espacio más plural y democrático.


Ante esta situación, una nueva reforma electoral (2007-08) pretendió restaurar la credibilidad y poner freno a los poderes económicos que habían intervenido subrepticiamente en la elección del 2006. Con la resultante de que si bien en el 2000 el IFE se acreditó y se llegó a considerar la joya de la “democracia mexicana” cuando el PAN ganó en el 2006 y en el 2012 lo hizo el PRI, el IFE entró en descredito y fue objeto de cuestionamiento, no tanto por su funcionamiento, sino por el resultado de las elecciones.


En suma, a lo largo de más de veinte años de reformismo electoral se crearon nuevas instituciones (IFE, TEPJF, FEPADE) se inventaron y remodelaron estrategias electorales, se fortalecieron polos organizativos de diversas corrientes ideológicas y se equilibraron sus fuerzas, se transformaron los códigos de entendimiento de la política (de autoritarios a democráticos) hasta lograr que el universo de la representación política fuera plural, y todo ello a través de una vía pacífica, institucional y crecientemente participativa.


Sin embargo, pese a los esfuerzos descritos el resultado prevalente hasta la fecha ha sido la disminución de la confianza en el órgano y en los procedimientos electorales, por tanto, un número significativo de ciudadanos ponen en tela de juicio la limpieza de los comicios.


Bajo estas consideraciones y a la sazón de los resultados electorales del 2012 se hizo patente que la democracia mexicana seguía teniendo sendas fracturas y tareas por cumplir, en planos tales como seguridad pública, gobernabilidad, representación política, derechos humanos, Estado de Derecho, entre otros. En abono a la representación parlamentaria y a la vinculación sistema electoral y sistema de partidos se implementaros las siguientes medidas a partir de 2014.


  1. Las elecciones ahora serán el primer domingo de junio, es decir se adelanta la elección un mes.

  2. Las fórmulas de integración de las Cámaras de Diputados y Senadores quedan igual, pero aumenta el umbral de representación al 3 por ciento de la votación.

  3. Se mantiene el porcentaje de sobre representación o sub representación en 8 % de los escaños. No solo en la Cámara de Diputados sino también en los congresos locales, la primera fuerza no podrá tener más de un 8 por ciento de asientos en relación con su porcentaje de votos.

  4. Los partidos podrán registrar hasta 60 candidatos plurinominales que al mismo tiempo sean uninominales. Para el Senado la cifra es de 6.

  5. Las candidaturas de hombres y mujeres en las listas plurinominales deberán ir intercaladas.


En cuanto al INE en particular se implementaron las siguientes modificaciones:


  1. Se sustituye al IFE por el INE. Los órganos centrales siguen siendo los mismos, empero, ahora en el Consejo hay 10 consejeros y un presidente y antes 8 y 1. En las delegaciones lo mismo: Juntas locales y distritales y consejos locales y distritales con la misma composición que en el pasado. En la Junta General estarán presentes no solo el presidente, el secretario ejecutivo y los directores, sino también los titulares de tres unidades: fiscalización, contencioso electoral y vinculación con los organismos públicos locales (las últimas dos son nuevas).




2. Los órganos superiores de dirección de los organismos (electorales) públicos locales. Estarán compuestos por un consejero presidente y seis consejeros electorales, nombrados por el Consejo General del INE.


3. El Consejo General del INE podrá remover a los consejeros de los organismos públicos locales bajo ciertas condiciones. Eso y el hecho de que el INE pueda asumir, atraer y delegar facultades, no solo erosiona la certeza (las facultades deberían estar clara y definitivamente establecidas) sino que abre una eventual zona de litigios innecesarios.


4. El procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla seguirá siendo el mismo: insaculación más capacitación. Pero ahora en la primera abarcará al 13 por ciento del padrón (antes era el 10). En las elecciones concurrentes habrá mesa única, es decir, se votará tanto para los cargos federales como para los locales. La ventaja: se requerirán menos funcionarios de casilla. La desventaja: el conteo de las elecciones locales será más lento (primero, por ley, se hará el recuento federal).


5. Los magistrados de los tribunales locales (que podrán ser 3 o 5) serán electos por el Senado.


6. Los mexicanos en el extranjero podrán obtener su credencial para votar fuera del territorio nacional. Y votarán no solo por el Presidente, sino también por senadores y gobernador. Podrán hacerlo por correo, vía electrónica y en consulados y embajadas. Para ello, se requerirá del auxilio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los partidos y candidatos no podrán, sin embargo, realizar campañas fuera del país.


7. El formato para las campañas en radio y televisión seguirá siendo el mismo, mensajes breves. No se hizo nada para combatir o siquiera atemperar la "spotización". La distribución entre los partidos se hará con los mismos criterios que ayer (70 por ciento del tiempo repartido según el porcentaje de votos obtenido en la última elección y 30 por ciento de manera igualitaria). Los tres partidos de nuevo ingreso solo entraron al reparto de esta última franja al igual que los candidatos independientes (todos ellos, para fines de acceso a la radio y TV, “serán tratados como si fueran un partido”).


8. La fiscalización de las finanzas de los partidos recae en el Consejo General del INE, a través de una comisión, que se auxiliará de una unidad técnica.


9. La redistritación, tanto la federal como las locales, será realizada por el INE.


10. Como en el pasado, habrá de manera obligada dos debates entre los candidatos presidenciales. Para el resto el INE solo "promoverá" que se lleven a cabo.

11. Se regulan las candidaturas independientes.


Para tal efecto; el Consejo General del INE haría una convocatoria.


"El candidato...deberá presentar la documentación que acredite la creación de una persona moral constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido político en el régimen fiscal" (un partidito).

Para ser candidato a la Presidencia se requieren las firmas del 1 por ciento de ciudadanos de la lista nominal de electores (alrededor de 800 mil) y ese 1 por ciento debe replicarse en por lo menos 17 entidades. Para senadores y diputados de mayoría relativa se necesita del 2 por ciento de firmas en relación a la lista nominal del estado o el distrito.


Tendrán acceso a la radio y televisión como si todos ellos fueran un partido de nuevo registro. Podrán tener, según el cargo a que aspiren, representantes ante los consejos (distrital, local y general) del INE y en las mesas directivas de casilla. Podrán recibir financiamiento público y privado. El primero será una bolsa de recursos como si se tratara de un partido de nuevo registro y el segundo no podrá rebasar el 10 por ciento del tope de gasto de la elección de que se trate.


Con este marco normativo se llevaron a cabo los comicios de 2015 y 2018 procesos que sirvieron como caldo de cultivo para la segunda alternancia, cuyo resultado fue el advenimiento de la izquierda al poder, paradójicamente y no obstante el resultado, ha sido este segmento quien más ha cuestionado el papel del INE lo cual abona a la falta de credibilidad en cuanto al funcionamiento futuro del instituto.


Con el arribo de AMLO y MORENA al poder en 2018, el INE enfrenta un nuevo escenario en relación al partido en el poder, el representante del ejecutivo y demás actores políticos. De entonces a la fecha la denostación al INE y a algunos de sus integrantes en lo particular ha ido in crescendo hasta derivar en la propuesta de reforma electoral (pan A y plan B en discusión) y la eventual desaparición del órgano en cuestión.



Con la aplastante victoria de morena en los comicios de junio del 2018 se registra una marcada contracción del poder y el desdibujamiento de la oposición partidista, al tener MORENA junto con sus aliados la mayoría en el aparato legislativo y la marcada afinidad en el poder judicial, resultan los organismos públicos autónomos prácticamente las únicas instituciones capaces de presentar una suerte de contrapeso al ejecutivo y el partido MORENA.


En virtud de lo anterior y ante el apetito de poder del representante del ejecutivo se produce un constante golpeteo o cooptación de los organismos públicos autónomos como fue el caso de la comisión nacional de derechos humanos y el INAI y del IINE…


De diciembre de 2018 a agosto de 2022 en el ejercicio cotidiano de información gubernamental (mañaneras) AMLO ha hecho alusión en diversos tonos al papel del INE en hechos del pasado, como la elección del 2006 o del presente, por ejemplo, en función del presupuesto solicitado por el órgano en cuestión para el ejercicio presupuestal del año en curso. En el periodo ya señalado, se llevaron a cabo 910 mañaneras en las cuales se hizo mención a los órganos electorales en al menos un tercio de las mismas: 381 al INE y 199 al TEPJF[6].



CONCLUSIONES.


El IFE hoy INE nace en el marco de una coyuntura histórico concreta caracterizada por la desconfianza y la creciente demanda y movilización de la sociedad, es decir, no se trata de una graciosa concesión del grupo gobernante sino del correlato de fuerzas políticas y la emergencia de nuevos actores en el escenario político nacional.


El IFE nace en 1990, como expresión concreta de la crisis política derivada del fraude electoral de 1988, la presencia del IFE en la vida nacional fue creciendo al paso de los años. Momentos clave de su historia fueron las reformas de 1994 y 1996, cuando se le otorgó autonomía plena, de rango constitucional.


Organizó ocho elecciones federales como IFE y una más como INE, implementó la credencial para votar con fotografía en 1993; desarrollo un sistema complejo e imparcial para seleccionar y capacitar a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, puso en operación a partir de 1994 un sistema más confiable para informar los resultados preliminares, así como de encuestas que dieran a conocer, la misma noche de la jornada las tendencias de los resultados.

El IFE fue la institución emblema de la transición democrática, el producto más acabado del largo ciclo de reformas. Fue la obra colectiva nacida de reclamos y exigencias. Así nació y se transformó el hoy extinto INE, de su aparición a su modificación se realizaron seis reformas, incluida la de 2014 en la cual se decretó su extinción.


Entre 1990 y 1993 el IFE tuvo una existencia precaria pues no logró ganar la confianza ciudadana, empero, de 1997 a 2003 vive su mejor etapa y logra ascender en términos de credibilidad y confianza.


Esta etapa se ve interrumpida en el 2006 debido a los resultados de la elección presidencial de ese año y a lo cerrado de la contienda, habida cuenta de los reclamos de la izquierda nacional entre otras fuerzas, quienes demandaron mayor transparencia y certidumbre por parte de los órganos electorales. En cuyo caso hay que reiterar las fallas de comunicación por parte de los órganos electorales y la falta de oportunidad en el manejo de la información.


De 2014 a la fecha el INE ha organizado 331 procesos electorales, de los cuales, se incluyen comicios federales y locales, elecciones ordinarias y extraordinarias, así como los dos primeros ejercicios de participación ciudadana a nivel nacional, dos procesos para definir las dirigencias del PRD y de Morena, y también una elección para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México[7].



En suma, el INE ha venido cumpliendo con las funciones asignadas en cuanto la capacitación, actualización del padrón, cultura cívica, redistritación, entre otras., empero, con el consecuente reclamo de la ciudadanía en cuanto a su conformación y gastos de mantenimiento.


Sin embargo, el INE enfrenta hoy el gran reto de refrendarse como el garante de la voluntad ciudadana y de ser constituido también por ciudadanos ajenos a los intereses partidistas. Solo en la medida que se garanticen la autonomía e independencia de los órganos electorales se aspirara a convertirse en un verdadero árbitro de la contienda electoral y no solo en un simple organizador de la misma.



BIBLIOGRAFÍA


Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (15 de agosto de 1990). Diario Oficial de la Federación. México.

Corona Armenta, Gabriel. (2006). Los poderes federales en la consolidación democrática de México. México: UNAM- Gérnica.

Cortés Guzmán, Silvestre. (2005). Democracia y gobernabiidad en el marco de la globalización. México: UNAM FES Acatlán.Dalh, Robert. 2009. La poliarquía: Participación y Oposición. Tecnos.

Dahl, R. A. (1991). Los dilemas del pluralismo democrático. Autonomía versus control. México: Conaculta-Alianza

Di Giorggi, (1996): Revista transición año 1, Número 4, México 1996, pag.19-26.

INE Historia Página Oficial, Consultado 26/02/ 20

Instituto Federal Electoral (IFE) para consulta http://deceyec.ife.org.mx/

Lujambio, A. (2000). El poder compartido. Un ensayo sobre la democratización

mexicana. México: Océano.

Molinar Horcasitas, J. (1996). Renegotiating the rules of the game: The State and

Political Parties. En Victor Bulmer-Thomas y Mónica Serrano, Rebuilding the

State: Mexico after Salinas (págs. 25-39). Londres: University of London, Institute

of Latin American Studies.

O’Donnell, Guillermo. (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Comparative

Perspectives. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.


Peschard, J. (1994). México 1994: un nuevo marco electoral para la elección presidencial.

Perfiles Latinoamericanos 3/5, 105-129.

Woldenberg, José. (2002) La construcción de la democracia. México: Editorial Plaza & Janés, 383 pp.

Silva Herzog Márquez,Jesús ( 2018) Periódico reforma, editorial 18 de julio.

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